La Corte Constitucional de Ecuador aprobó la propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar parcialmente la constitución para eliminar el financiamiento estatal de las organizaciones políticas y la propaganda electoral. Esta decisión, anunciada oficialmente el miércoles, es un paso significativo en la agenda política del presidente, aunque no afectará las elecciones presidenciales de febrero de 2025, en las que Noboa buscará un nuevo mandato.
La decisión, adoptada por la mayoría del tribunal, afirma que la propuesta del gobierno no viola los procedimientos de la reforma constitucional, ni limita derechos ni garantías básicas. Según el dictamen, la iniciativa ejecutiva «respeta las limitaciones del proceso de reforma parcial», que debe ser discutida y aprobada por la Asamblea Nacional.
El presidente presentó oficialmente esta propuesta en septiembre, solicitando la modificación de los artículos 110 y 115 de la Constitución. Actualmente, estas disposiciones garantizan que los partidos políticos tengan acceso a los recursos estatales y que el Estado financie de manera justa la promoción de propuestas electorales en los medios de comunicación.
El siguiente paso es el proceso legislativo y el referéndum.
Con la aprobación del Tribunal Constitucional, el gobierno anunció que enviaría «inmediatamente» el proyecto de reforma al Parlamento. En su anuncio, el ministro de Gobierno llamó al legislativo a tramitar la propuesta con la urgencia adecuada al caso. Según el ejecutivo, el principal objetivo de la reforma es «evitar el abuso de los recursos estatales» y garantizar una mayor transparencia del proceso electoral.
En la Asamblea General, el proyecto deberá pasar por dos debates en el pleno, con un intervalo de al menos 90 días entre ellos. Su adopción requiere el apoyo de al menos 92 legisladores de un total de 137. Posteriormente, la reforma será sometida a referéndum nacional, que se celebrará 45 días después de la aprobación parlamentaria.
Sin embargo, debido a los plazos establecidos, esta reforma no podrá implementarse de cara a las elecciones parlamentarias de 2025.
Lo que proponen las enmiendas constitucionales
El artículo 110 de la Constitución, en vigor desde 2008, estipula que los partidos políticos reciben financiación estatal bajo control. De igual forma, el artículo 115 establece que el Estado garantizará una promoción electoral justa a todos los candidatos a través de los medios de comunicación, con el objetivo de promover el debate y la difusión de las propuestas programáticas.
Actualmente, la financiación estatal de la propaganda electoral no se realiza directamente a través de los partidos políticos. En cambio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) transfiere recursos directamente a los medios que transmiten los anuncios de los candidatos, asegurando que el dinero no sea administrado por organizaciones políticas. Para acceder a estos fondos, los partidos deben cumplir una serie de requisitos legales, como tener un número mínimo de miembros, representar a todo el territorio del país o obtener al menos el 4% de los votos en dos elecciones consecutivas.
El proyecto de Noboa propone la abolición de este sistema de financiamiento estatal tanto para los partidos políticos como para la propaganda electoral, argumentando que estos recursos podrían utilizarse de manera más efectiva en otras áreas prioritarias para el país. Según el presidente, con esta medida quieren garantizar una gestión más transparente de los recursos estatales y evitar posibles abusos por parte de los actores políticos.
Un contexto político caracterizado por tensiones y desafíos
Daniel Noboa, empresario y político de 36 años, llegó a la presidencia en 2023 tras ganar unas elecciones anticipadas convocadas después de que su antecesor, Guillermo Lasso, disolviera la Asamblea Nacional en medio de una crisis política. Noboa ahora busca consolidar su liderazgo en las elecciones ordinarias de 2025, donde se enfrentará a otros 15 candidatos para un mandato presidencial completo de cuatro años.
El financiamiento público de las campañas electorales ha sido un tema recurrente en el debate político ecuatoriano. Para los comicios de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) destinó un total de 13,76 millones de dólares para la propaganda de los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Esta cantidad representa una parte importante del presupuesto electoral del país y su eliminación podría transformar significativamente la forma en que se llevan a cabo las campañas en el futuro.
El impacto de la reforma en el panorama político
La propuesta de Noboa, aunque controvertida, refleja la intención de reducir el gasto público en el financiamiento de la política electoral, un tema que genera opiniones divididas tanto en el ámbito político como entre los ciudadanos. Por un lado, los reformadores argumentan que el sistema actual está abierto a abusos y que los recursos podrían usarse para las necesidades más urgentes del país. Por otro lado, los críticos advierten que eliminar la financiación pública podría beneficiar a los candidatos con mayores recursos privados, dificultando la participación de fuerzas políticas más pequeñas o independientes.
La reforma también plantea dudas sobre cómo se garantizará la equidad en las campañas electorales sin financiación pública. Actualmente el sistema busca nivelar el campo de juego para que todos los candidatos puedan distribuir sus propuestas, independientemente de su capacidad económica. Sin este mecanismo, algunos temen que las elecciones sean menos inclusivas y estén más influenciadas por fuentes privadas.
Un desafío para el Parlamento y los ciudadanos
La aprobación de la reforma depende en gran medida de la capacidad del gobierno para lograr un consenso en la Asamblea Nacional, donde necesitará el apoyo de una mayoría calificada para avanzar en el proceso. Además, el referéndum será un momento clave para calibrar cuánto apoyan los ciudadanos esta iniciativa, que podría representar un cambio importante en la política electoral del país.
Mientras tanto, el Presidente Noboa enfrenta el desafío de mantener su agenda política mientras compite por la reelección en un entorno electoral competitivo. Con 15 candidatos en carrera, el presidente tiene que demostrar que puede liderar el país en medio de una gran fragmentación política y crecientes demandas sociales.
En resumen, la propuesta para poner fin al financiamiento estatal de los partidos políticos y la propaganda electoral es un intento ambicioso de reformar el sistema político ecuatoriano. Sin embargo, su éxito no sólo dependerá de los procesos legislativos y electorales, sino también del tipo de apoyo que genere entre los ciudadanos, quienes tendrán la última palabra sobre el futuro de la iniciativa en el referéndum.