El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó un resumen de más de 200 documentos a la espera de una decisión de su división especializada en batallas políticas. Estos casos, que se vienen acumulando desde hace varios años, quedaron paralizados debido a una medida inconstitucional que mantuvo en suspenso a las autoridades responsables de la evaluación hasta el final del análisis del Tribunal Constitucional.
Entre las denuncias en curso están las presentadas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por presunta guerra política. Estas acusaciones, que se remontan al año anterior, fueron presentadas una por el Partido Liberación Nacional (PLN) y otra por el Partido Acción Civil (PAC). El secretario general del PLN, Miguel Guillén, se dirigió al TSE para expresar su preocupación por la demora en la resolución de los casos, destacando la importancia de una decisión oportuna en este tipo de casos.
Por su parte, Rodrigo Chaves ha realizado intervenciones públicas para criticar a los principales partidos de la oposición, entre ellos el PLN, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio y el Partido Liberal Progresista (PLP), alegando presuntos actos de corrupción. sus líderes. Esto ha generado tensiones políticas que reflejan la polarizada situación política antes de las elecciones presidenciales de 2026, además de agravios en curso.
Denuncias acumuladas desde 2019
Según Andréi Cambronero, jefe del departamento jurídico del TSE, los casos pendientes se han ido acumulando desde 2019. Durante dos procesos electorales –las elecciones nacionales de 2022 y las locales de 2024– las quejas aún llegaron a la sala especializada del Tribunal de Justicia y pudieron resolverse debido a una medida inconstitucional que impedía su avance.
El departamento también recibió denuncias durante este tiempo, pero sólo pudo tomar una decisión hasta mediados de este año, cuando la Sala Constitucional finalmente se pronunció sobre el asunto. Los jueces inicialmente desestimaron el reclamo de inconstitucionalidad debido a sus defectos formales, lo que obligó a los demandantes a reconsiderarlo. Meses después, tras otro intento, la demanda fue aceptada y resuelta, permitiendo al TSE retomar operaciones sobre este asunto.
Los activistas que interpusieron la demanda de inconstitucionalidad cuestionaron cuatro artículos del reglamento del Departamento del TSE, alegando que dichas disposiciones son inconstitucionales. Sin embargo, en el voto número 2024-0023861, la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que no existe inconstitucionalidad en la referida norma. Según los magistrados, el TSE tiene plena competencia conforme al artículo 10 de la Constitución Política y al artículo 74 de la Ley de Jurisdicción Constitucional para dictar normas relacionadas con su función electoral.
Jurisdicción exclusiva del TSE
El juez de instrucción Jorge Araya señaló firmemente que la organización y regulación del proceso electoral es competencia exclusiva del TSE. En su decisión dejó claro que las disposiciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral en el ejercicio de su función electoral no pueden ser objeto de un reclamo constitucional.
«Creemos que el desarrollo y regulación de estos procesos son competencia exclusiva del TSE en el ejercicio de su función electoral. Según el artículo 10 de la Constitución y el artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no cabe acción constitucional alguna contra las disposiciones del TSE relativas al ejercicio de la función electoral”, explicó Araya.
Pese a la postura de la Corte Constitucional, el texto íntegro de la sentencia aún está pendiente de publicación, lo que permitirá conocer en detalle los fundamentos de la decisión y el alcance de las reglas de funcionamiento de la Sección Especializada del TSE. en.
Denuncias contra el presidente Chaves
Entre los expedientes pendientes destaca la denuncia contra el presidente Rodrigo Chaves, interpuesta por PLN y PAC, por presunta conducta política combativa. Estas acusaciones han generado un amplio debate, ya que de tener éxito, el TSE tendría que someter el caso a la Asamblea Legislativa, que sería la encargada de determinar los próximos pasos.
Las denuncias están relacionadas con declaraciones públicas de Chaves en las que utilizó su cargo para atacar a los partidos de oposición y a sus dirigentes, acusándolos de actos de corrupción. Estas medidas pueden interpretarse como una violación de las normas que rigen la neutralidad política de los funcionarios públicos, especialmente en relación con los procesos electorales.
El progreso de estos esfuerzos será crucial para determinar el impacto político de las acusaciones contra el Presidente y las posibles reacciones de las partes involucradas, que han insistido en garantizar la imparcialidad y transparencia del proceso electoral.
Panorama político tenso
La demora en la resolución de los casos de batalla política aumentó las tensiones en el ambiente político nacional. En vísperas de las elecciones presidenciales de 2026, los partidos de oposición y el oficialismo mantienen un ambiente de confrontación que puede incrementarse a medida que avancen los procesos del TSE.
La apertura de los expedientes acumulados desde 2019 será decisiva no solo para determinar posibles sanciones o medidas correctivas, sino también para crear precedentes en la regulación del comportamiento político de figuras públicas. En este contexto, el TSE enfrenta el desafío de garantizar que sus actividades sean vistas como imparciales y acordes con la Constitución, cuando la confianza en las instituciones es fundamental para la estabilidad democrática.
Actualmente el TSE trabaja en los expedientes acumulados y en la implementación de las disposiciones aclaradas por la Sala Constitucional. La publicación de la decisión completa nos permite conocer más sobre las consecuencias de la decisión y los pasos a seguir en los casos más relevantes, como las denuncias contra el Presidente Chaves.
Este proceso representa una coyuntura crítica para el sistema electoral de Costa Rica, que debe demostrar su capacidad para resolver conflictos políticos de manera justa y transparente en un entorno donde la polarización y las acusaciones cruzadas parecen ser la norma.