La Universidad de Harvard se encuentra en el centro de una intensa confrontación con la administración del expresidente Donald Trump, tras la revocación de su certificación para matricular estudiantes internacionales. Esta medida afecta a más de 6,700 alumnos extranjeros, que representan aproximadamente el 27% de la población estudiantil de la institución.
El Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Kristi Noem, justificó la decisión alegando que Harvard ha fomentado un ambiente hostil para estudiantes judíos y ha mantenido vínculos con el Partido Comunista Chino. Además, se acusó a la universidad de promover la violencia y el antisemitismo. Como condición para restablecer su certificación, se exigió a Harvard la entrega de registros detallados sobre las actividades de sus estudiantes internacionales, incluyendo información sobre protestas y posibles conductas ilegales.
Harvard reaccionó con firmeza, describiendo la medida como una represalia no permitida y una trasgresión a la libertad académica y a los derechos constitucionales. La universidad inició un litigio en contra del gobierno, sosteniendo que las demandas del estado representan una intromisión inadmisible en su soberanía institucional. El rector de Harvard, Alan Garber, subrayó que la institución no sucumbirá a las presiones políticas y seguirá protegiendo su independencia y los derechos de su comunidad académica.
Este conflicto se relaciona con una serie de medidas implementadas por la administración de Trump en contra de ciertos centros educativos que han mostrado resistencia a modificar sus políticas internas. Las demandas del gobierno incluyen suprimir iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), prohibir el uso de mascarillas durante las manifestaciones en el campus, realizar cambios en los procesos de admisión y contratación para que se centren en el mérito, y reducir el poder del profesorado y los administradores. Además, la administración ha amenazado con eliminar la exención fiscal de Harvard y ha congelado más de 2,000 millones de dólares en fondos federales y contratos.
La comunidad académica junto con diversos sectores políticos han expresado su preocupación por estas medidas, viéndolas como un riesgo para la libertad educativa y un procedimiento de control por parte del gobierno. Los críticos afirman que las resoluciones adoptadas por las autoridades buscan silenciar opiniones disidentes y controlar el discurso en los centros educativos. También señalan que estas estrategias podrían disuadir a estudiantes internacionales de estudiar en los Estados Unidos, afectando de manera adversa la diversidad y el estándar de la enseñanza universitaria en el país.
En respuesta a la revocación de su certificación, Harvard ha tomado medidas para apoyar a sus estudiantes internacionales, permitiéndoles aceptar ofertas de otras universidades en el extranjero y brindándoles asesoramiento legal y académico. La institución también ha reiterado su compromiso con la inclusión y la diversidad, y ha afirmado que continuará defendiendo los principios fundamentales de la educación superior.
El asunto ha provocado un debate extenso sobre la conexión entre el gobierno federal y los centros educativos, y suscita preguntas sobre hasta dónde puede llegar la intervención del gobierno en temas académicos. A medida que avanzan los procesos legales, se anticipa que este conflicto tendrá repercusiones importantes para la independencia de las universidades y la libertad de expresión dentro del entorno académico en Estados Unidos.
