La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta una etapa compleja caracterizada por investigaciones legislativas y judiciales que han apuntado a varios altos funcionarios. Uno de los actores centrales de la situación es Gilberth Alfaro, director jurídico de la institución, quien recientemente declaró ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas irregularidades en la administración de la CCSS.
Durante su intervención, Alfaro enfatizó que la suspendida presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, le aseguró que no era necesaria su presencia en las reuniones del Directorio. Esta decisión, según el funcionario, marcó un antes y un después en la dinámica de esta junta directiva y coincidió con una serie de medidas duramente criticadas como la suspensión del portafolio de inversiones de la institución.
Alfaro señaló que la exclusión de reuniones no sólo afectó la toma de decisiones relacionadas con temas de inversión, sino que también provocó problemas en el funcionamiento regular del directorio. Según su testimonio, ante la falta de un criterio jurídico permanente, se utilizó la figura del “funcionario de facto” para garantizar el quórum de las reuniones. Este mecanismo, no utilizado anteriormente por el Directorio, consiste en la convocatoria de un funcionario de la institución para asumir temporalmente el cargo de director.
El director jurídico explicó que si bien inicialmente no se consideró la implementación de este número, la Fiscalía General afirma que en casos excepcionales se pueden convocar paneles de órganos mediante este método. Además, se refirió al artículo 11 de la Ley Administrativa General, según el cual «funcionario de hecho» es aquel que desempeña un cargo público sin nombramiento válido, pero puede ser admitido en situaciones excepcionales para garantizar la continuidad del servicio. público.
Uno de los momentos más tensos de la publicación fue cuando la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, le consultó sobre la decisión de suspender la cartera de inversiones de la CCSS. Según el director jurídico, esta medida se tomó luego de que la Junta fuera excluida de las reuniones, lo que para algunos legisladores pone en duda la transparencia y el proceso de consideración detrás de la decisión.
Por otra parte, Alfaro también habló sobre la auditoría que se realizó a los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que administran las cuatro cooperativas y una asociación médica. Esta revisión surgió como parte de una investigación conocida como “Caso Barrenador” liderada por la Fiscalía General de la República. El funcionario admitió que previo a la adjudicación de la gestión del EBAIS a las cooperativas, no se emitieron criterios jurídicos básicos para cuestionar la legalidad y justificación de estas decisiones.
Durante la sesión, otros legisladores realizaron preguntas sobre diversos temas relacionados con la administración de la CCSS. Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó preocupación por el estado del proyecto de construcción del nuevo hospital de Cartago. Alfaro respondió que las autoridades deben evaluar si se transfiere el contrato a otra empresa y establecer procedimientos para determinar el alcance de responsabilidad de la empresa originalmente adjudicada.
Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), cuestionó la derogación de la norma de subcontratación de servicios de salud. Según Varga, para garantizar buenas prácticas de gobierno corporativo y mejorar la transparencia de los contratos celebrados con terceros, son fundamentales directrices claras en esta materia.
Ante estas preocupaciones, Alfaro señaló que no está claro si la CCSS ha estructurado una gestión para abordar estos temas, lo que dificulta referirse a criterios sólidos en la toma de decisiones. En este contexto, enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de seguimiento y planificación para que situaciones similares no se repitan en el futuro.
El comunicado también reveló tensiones internas al interior de la CCSS, así como diferencias de criterio entre funcionarios y legisladores. Mientras algunos parlamentarios creen que las medidas adoptadas por la institución carecen de base técnica y jurídica, otros afirman que la falta de claridad de los procedimientos puede estar relacionada con problemas estructurales más profundos.
Finalmente, Alfaro destacó que la última reunión del Consejo de la CCSS, realizada un sábado de julio, abordó temas estructurales, entre ellos la administración del EBAIS y la relación con las cooperativas médicas. Según el funcionario, estas discusiones son cruciales para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la institución, pero requieren de mayor coordinación y transparencia para resolver dudas sobre su liderazgo.
La situación actual de la CCSS refleja un panorama complejo en el que decisiones administrativas y cuestiones jurídicas han generado un ambiente de incertidumbre tanto dentro de la institución como entre el público. Las investigaciones en curso –legislativas y judiciales– serán decisivas para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados. Mientras tanto, la CCSS enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar la continuidad de los servicios de salud en medio de una crisis institucional.