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Qué papel tienen las sanciones económicas y a quién perjudican más

¿A Quién Afectan Más las Sanciones Económicas?

En qué consisten las sanciones económicas y cuál es la razón de su aplicación

Las sanciones económicas representan medidas coercitivas aplicadas por uno o varios Estados o por organizaciones internacionales con la intención de presionar a un gobierno, un grupo armado o a una persona para que modifique una política, sancionar comportamientos considerados inaceptables o restringir la capacidad de financiar actividades ilícitas. Estas acciones pueden orientarse a fines políticos, de seguridad, de derechos humanos o de no proliferación, y operan como una alternativa o un refuerzo frente a la intervención militar y la vía diplomática.

Clases de sanciones y formas de actuación

  • Sanciones comerciales: embargos totales o restricciones a la exportación e importación de bienes y servicios.
  • Sanciones financieras: bloqueos de acceso a mercados financieros, restricción de transacciones en divisas, exclusión de sistemas de compensación.
  • Congelación de activos y prohibición de viaje: medidas dirigidas a individuos, funcionarios y empresas para aislar a la élite.
  • Sanciones sectoriales: dirigidas a sectores clave como energía, finanzas, defensa o tecnología.
  • Sanciones secundarias o extraterritoriales: penalizan a terceros que hacen negocios con el sancionado para aumentar presión.

Los mecanismos económicos incluyen reducir ingresos del Estado sancionado (por ejemplo, por pérdida de exportaciones), restringir acceso a capital y tecnología, aumentar costos de transacción y crear incertidumbre que frene la inversión.

Impacto esperado vs. real

En teoría, las sanciones quieren aumentar el costo político y económico de la conducta objetada, erosionar la capacidad de financiamiento de políticas específicas y motivar negociaciones. En la práctica, los resultados son variables: a veces obligan a negociar o limitan capacidades militares; otras veces no cambian la conducta y generan efectos colaterales importantes. La eficacia depende de la magnitud multilateral del aislamiento, la resiliencia de la economía sancionada y la existencia de redes de apoyo alternativas.

¿Quién resulta más afectado?

  • Población civil y grupos vulnerables: la pérdida de importaciones esenciales, medicamentos y alimentos, la inflación y el desempleo afectan sobre todo a la clase media y baja. La experiencia muestra que los más pobres sufren de manera desproporcionada por recortes en servicios públicos y aumento del precio de bienes básicos.
  • Empresas domésticas y trabajadores: la caída de la demanda externa, la falta de insumos y las dificultades para comerciar reducen producción y empleo.
  • Pequeñas y medianas empresas internacionales: empresas de terceros países que dependen del mercado sancionado o de cadenas de suministro globales sufren pérdidas y restricciones de acceso a mercados financieros.
  • Elites y autoridades: aunque son objetivos declarados, con frecuencia logran esquivar el impacto mediante redes, activos externos o privilegios; sin embargo, sanciones financieras y congelación de activos sí pueden afectar a sectores de la élite internacionalmente expuestos.
  • Terceros países y mercados globales: sanciones a productores energéticos o a grandes economías pueden alterar precios internacionales, cadenas de valor y provocar efectos de contagio.
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Muestras y cifras demostrativas

  • Rusia (tras 2022): las sanciones financieras, restricciones tecnológicas y embargo parcial sobre varios sectores redujeron flujos comerciales y reorganizaron cadenas energéticas. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional señalaron contracción económica en el año de herramientas punitivas y una reconfiguración del comercio hacia socios alternativos, al tiempo que parte de la población sufrió inflación y pérdida de poder adquisitivo.
  • Irán (década de 2010): sanciones sobre exportaciones petroleras y el acceso financiero redujeron significativamente los ingresos por hidrocarburos: las exportaciones se redujeron desde cifras superiores a 2 millones de barriles por día a niveles mucho más bajos en el pico de las restricciones, lo que presionó la economía y las negociaciones nucleares que culminaron en un acuerdo en 2015. La reversibilidad parcial de sanciones mostró el vínculo directo entre presión económica y disposición a negociar.
  • Venezuela: la combinación de mala gestión, caída de inversión en el sector petrolero y sanciones contribuyó a una caída dramática de la producción petrolera en la última década, lo que multiplicó la crisis humanitaria y migratoria; la población sufrió colapso de servicios, hiperinflación y escasez.
  • Corea del Norte y Cuba: sanciones prolongadas han limitado acceso a tecnología y recursos, pero no siempre han provocado cambios políticos profundos; en muchos casos han incentivado mercados informales, tráfico y alianzas con terceros Estados.
  • Sudáfrica y el apartheid: sanciones económicas y boicots internacionales durante los años ochenta se consideran un factor relevante, junto con presión interna y otros elementos, para la apertura y el fin del régimen racista.

Impacto humanitario y restricciones operativas

  • Desproporción en el impacto: la evidencia disponible indica que las medidas amplias y prolongadas terminan afectando más a la población civil que a los dirigentes, sobre todo cuando no existen mecanismos sólidos que resguarden adecuadamente los bienes de carácter humanitario.
  • Exenciones y su insuficiencia: muchos sistemas de sanciones contemplan excepciones humanitarias (alimentos, medicinas), aunque en la práctica los filtros bancarios y el temor al riesgo reputacional suelen encarecer o impedir esos envíos.
  • Evasión y mercados paralelos: el aislamiento incentiva el uso de circuitos comerciales alternativos, compañías fachada y transferencia de tecnología mediante redes informales, lo que disminuye su efectividad con el paso del tiempo.
  • Impacto sobre la cooperación multilateral: las sanciones unilaterales o con alcance extraterritorial pueden originar tensiones entre aliados, disputas legales y una merma de confianza en el orden internacional cuando no existe una coordinación adecuada.
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¿En qué momentos resultan realmente efectivas y cómo se puede optimizar su diseño?

  • Multilateralidad y coherencia: la mayor eficacia se observa cuando existe amplia coordinación entre actores internacionales, reduciendo opciones de evasión.
  • Focalización y temporalidad: sanciones dirigidas a redes de poder específicas y con objetivos claros tienden a reducir daños colaterales. Plazos y criterios de retirada aumentan el incentivo para negociar.
  • Mecanismos humanitarios robustos: canales seguros para ayuda, supervisión internacional y facilidades para transacciones humanitarias evitan sufrimiento innecesario.
  • Evaluación constante: monitoreo independiente de impactos económicos y sociales permite ajustar medidas para maximizar presión política y minimizar daño a civiles.

Consideraciones éticas y geopolíticas

Las sanciones generan un dilema complejo: aunque representan instrumentos no militares capaces de impulsar normas internacionales, su aplicación extendida o sin criterios claros acarrea efectos humanitarios adversos y puede fortalecer discursos de victimización que consolidan a regímenes represivos. Al mismo tiempo, estas medidas alteran la dinámica geopolítica al motivar nuevos alineamientos comerciales y financieros. Por eso, decidir si se imponen, mantienen o eliminan sanciones exige sopesar su eficacia prevista frente al impacto social, el marco legal internacional y las posibles consecuencias a escala global.

Para quienes elaboran políticas públicas, la enseñanza práctica resulta evidente: es esencial reforzar la coordinación internacional, dirigir las medidas hacia los actores verdaderamente responsables, asegurar que existan mecanismos humanitarios funcionales y verificar sus efectos con total transparencia. De este modo, disminuye la posibilidad de que las sanciones afecten sobre todo a la ciudadanía, a la vez que se mantiene la presión sobre quienes deben rendir cuentas.

El desafío consiste en hallar un punto medio entre la exigencia de reaccionar ante faltas graves y el deber de resguardar a quienes padecen impactos económicos, reconociendo que la efectividad política de una sanción depende estrechamente de cómo se configure en términos éticos y técnicos.

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Por Adara Lomeli Soto

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