El mismo día que Portugal se coronaba como mejor destino turístico de Europa, miles de portugueses salían a la calle para protestar contra los efectos perversos de ese éxito. La crisis de la vivienda en el país, que viene de lejos, se ha agudizado con las políticas públicas que han impulsado la expansión de pisos turísticos y la concesión de visados de oro a extranjeros por inversiones inmobiliarias. “Hola, ¿están disfrutando? Esto va con ustedes”, le decían en la tarde del sábado algunos manifestantes a los turistas que se asomaban a los balcones de Lisboa para ver la marcha.
La protesta ha sido multitudinaria en Lisboa, pero también ha tenido réplicas en una veintena de ciudades, incluidas Oporto y Faro, donde la dificultad para acceder a viviendas dignas a un precio asequible es casi tan grave como en la capital. El impacto más extremo de la crisis podía verse en una de las avenidas por las que discurrió la marcha, con varias tiendas de campaña instaladas bajo soportales ocupadas por gente que no tiene techo.
Cheila Marques, de 27 años, vive acampada en una tienda junto a su pareja desde hace año y medio. “He ido a la Cámara Municipal, a la Seguridad Social y cuantos sitios he podido y hasta ahora no me dan una solución”, explica poco antes de que los manifestantes caminen frente a su tienda. Después de perder su empleo de camarera y de que su ex marido entrase en prisión, fue desalojada del piso donde vivía y por el que pagaba 530 euros. Dejó a sus dos hijas de tres años y 18 meses en la red de servicios sociales ante la imposibilidad de cuidarlas.
Su caso es extremo, pero la crisis de la vivienda es un problema transversal, que afecta a todas las generaciones. En la marcha de Lisboa hay jóvenes como Mariana Branco, licenciada en Historia de 23 años y forzada a seguir viviendo en casa de sus padres ante la dificultad de encontrar un alojamiento digno con sus ingresos, una beca de 930 euros al mes. “Lo único que encontré por un tercio de mis ingresos me obligaba a perder cinco horas al día para ir y volver de Lisboa. Mi salario no me permite alquilar una vivienda en la capital más cara de Europa. No le veo futuro a este país”, lamenta. Como tantos otros jóvenes licenciados, está ya preparándose para emigrar. Dentro de un mes tiene una entrevista en la Universidad Complutense de Madrid para tratar de desarrollar allí su tesis sobre prostitución.
La marcha, apoyada por un centenar de organizaciones que se sumaron a la iniciativa del movimiento Casa Para Vivir, contó con la presencia de diputados y líderes políticos de formaciones que se sitúan a la izquierda del Partido Socialista. Tres diputados del ultraderechista Chega tuvieron que abandonar la manifestación escoltados por la policía ante el rechazo de los convocantes. El otro incidente ocurrió ante el escaparate de una agencia inmobiliaria, que fue roto a martillazos por tres manifestantes.
Luísa Bom, una jubilada de 63 años, se ha sumado al movimiento en defensa de la vivienda digna aunque ella no sea una de sus damnificadas. “Esta es una causa justa y es de todos”, señalaba el sábado mientras caminaba por la avenida Almirante Reis. Un compromiso que también ha llevado a Lurdes Pinheiro a presidir la Asociación del Patrimonio de la Población de Alfama. El carismático barrio lisboeta se ha diluido ante el éxito turístico, que ha provocado la expulsión de sus vecinos y el cierre de comercios tradicionales. Más del 60% de los edificios son ya negocios turísticos, explica Pinheiro. “El barrio y la ciudad han retrocedido en muchos aspectos por la falta de viviendas y la aparición de conflictos”, observa.
La movilización coincidió con la promulgación de la ley Más Vivienda, aprobada por el Gobierno y la Asamblea de la República. Esta norma fue vetada inicialmente por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha tenido que aprobarla al ser ratificada por el Parlamento. “Prefiero poco a nada. Si el Gobierno consigue que esta ley no sea escasa y satisface a millares de portugueses, será positivo”, indicó.
Entre otras medidas, la ley incluye la prohibición de abrir nuevos pisos turísticos en las principales ciudades del país, un impuesto extraordinario a los propietarios de estos alojamientos y el fin de la concesión de los visados de oro por inversiones inmobiliarias.
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