El juez que investiga el caso Negreira atribuye ahora, a todos los investigados en la causa, un delito de cohecho. Eso incluye al FC Barcelona como persona jurídica y también a dos de sus expresidentes, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Durante casi dos décadas, el club azulgrana pagó más de siete millones de euros al ex número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, considera que, más allá de que pueda probarse si se amañaron o no partidos para favorecer al Barça, los pagos constituyen un delito de soborno, puesto que la Real Federación Española de Fútbol (órgano al que pertenece el Comité Técnico Arbitral) ejerce funciones de naturaleza pública.
Como vicepresidente de ese comité arbitral, Enríquez Negreira “participaba del ejercicio de funciones públicas”, insiste el auto, dictado este miércoles. Añade que fue a lo largo de ese extenso mandato cuando recibió los abonos del Barça. Los pagos, de los que el club no ha ofrecido una explicación razonable, se extinguieron durante la etapa de Bartomeu al frente del club y coincidiendo con la salida de Enríquez Negreira del CTA. El juez concluye que esos pagos, cuyo destino final se desconoce, “se hicieron en atención al cargo que desempeñaba” en el órgano de gobierno de los árbitros. Hasta ahora, la investigación atribuía a los implicados un delito de corrupción en el ámbito del deporte. El delito de cohecho implica, entre otras cosas, penas más graves y que el caso sea juzgado por un jurado popular.
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